Dr. Jesús Betancourt. 

 

 Algunos Aspectos Valorativos del Derecho Penal Venezolano a la Hora de Abordar un Caso en Materia Penal.

Investigación y análisis: Dr. Jesús Betancourt.

Como su enunciado lo establece, es una rama del derecho que impone sanciones a las conductas de los ciudadanos que transgreden una norma o un bien tutelado por el Estado, enmarcadas dentro del derecho penal como delitos y faltas e impone una pena, mediante el Ius puniendi o derecho penal subjetivo que es el derecho que tiene el estado a dictar normas penales y a exigir su aplicación o la imposición de la pena cuando se comete un delito.

El Código Penal Venezolano: Consta de tres libros compuestos por títulos, cada título protege un bien jurídico.

Libro I   Disposiciones Generales Delitos y Faltas. Las Personas Responsables y las Penas. Contiene once títulos.

Libro II  Diversas Especies de Delitos. Contiene diez Títulos y sesenta y seis capítulos.

Libro III De las Faltas en General

Contiene cuatro títulos y veinticuatro capítulos

Una Disposición Complementaria y una Disposición Final Derogatoria, que deroga el Código Penal de 1.915

Función:

a.- Disuasiva (previene el delito)

b.- Reclusiva, (aísla de la sociedad al individuo)

Principios que lo rigen:

Legalidad: No hay delito y no hay pena sin ley penal previa que lo contemple:

Esto quiere decir que el delito debe encontrarse expresamente previsto en la ley.

-Que sea descrito con precisión.

-Que garantice al ciudadano su seguridad, debe saber cuál es la conducta prohibida, cual es la consecuencia de la transgresión o penalidades que siguen a su conducta lesiva.

Se refiere a bienes protegidos por la norma penal.

b.- Bien Jurídico:

Todo delito supone una lesión o puesta en peligro de un bien jurídico. El Derecho Penal protege bienes y valores que se consideran imprescindibles para la existencia de la sociedad. Ejemplo: Derecho a la vida, derecho a la libertad, derecho a la educación, etc.

c.- Principio del Hecho: El delito debe consistir en un hecho extenso, concreto e individualizado por el cual se sanciones a su autor o autores.

Se refiere a que cuando existe un hecho que sea penalmente relevante, es cuando interviene el Derecho Penal.

d.- Principio de Culpabilidad: Por el hecho realizado debe ser posible la formulación de un juicio de reproche a su autor, al cual debe pertenecer el hecho.

Significa que para yo cometer un delito lo primero que tengo que tener es la intención de cometer ese delito.

e.- Principio de la Pena Humanitaria: La pena debe guardar relación con la gravedad del hecho cometido. Debe:-Servir a los fines de prevención general.

-Para la recuperación personal y social de quien ha delinquido.

Se refiere a que la pena debe ser proporcional al hecho cometido

OBJETO DEL DERECHO PENAL VENEZOLANO:

Es el estudio de las disposiciones en las cuales se establecen los delitos y se fijan las penas.

Las Disposiciones: Establecen delitos. Fijan penas.

ESTRUCTURA: Contiene el imperativo de una determinada conducta de no realizar algo o de realizar una determinada acción con la consecuencia jurídica de una pena.

Característica: Imperativo de una determinada conducta.

De hacer: Artículo 440 del Código Penal.

De no hacer: Artículo 407 del Código Penal.

Con la consecuencia jurídica de una pena.

ELEMENTOS DE LA NORMA PENAL:

a.- El precepto: Imperativo de una determinada conducta. b.- La sanción: Consiste en la pena.

Nota: Los preceptos penales no están formulados explícitamente en la norma, sino que la misma se limita a describir el hecho ilícito, el Código Penal no señala está prohibido matar (por ejemplo).

Carácter Imperativo Y Valorativo De La Norma Penal:

a.- Imperativo: Porque contiene una regla de conducta obligatoria y la amenaza de una pena.

b.- Valorativo: Porque contiene la desaprobación de determinadas conductas calificadas como contrarias a las exigencias de la vida. Toda vez que lesionan bienes y valores tutelados por el Derecho.

Destinatario De La Norma Penal:

Los individuos capaces de obrar en materia penal (Todos los que la ley establece que tienen responsabilidad penal y son responsables penalmente, salvo las excepciones que la ley establece: (menores de edad, enfermos mentales y/o alcohólicos)

Son Los órganos del Estado que deben aplicar la sanción cuando se transgrede la norma.

La imputabilidad: Son las condiciones físicas y síquicas que tenemos todos  para responder penalmente. Todas las personas son imputables.

Tipo penal: Es lo que señala la norma en el 405 del código penal (por ejemplo),  cuando una conducta es transgredida y se coloca una pena.

El tipo penal se divide en dos:

  1. conducta.   (Supuesto de hecho)
  2. sanción.         (Consecuencia  jurídica)

Bien jurídico tutelado por el estado:

Son derechos fundamentales.

Son todos aquellos derechos fundamentales y protegidos:

Derecho a vida                                                     Derecho a la libertad

Derecho a la salud                                              Derecho al ambiente

Derecho al trabajo                                             Derecho al Descanso

Derecho a la vivienda

El Hecho punible: Tiene cuatro  elementos

Imprudencia- Impericia- Inobservancia- Negligencias

Los delitos que no gozan de beneficios y no prescriben: Los de drogas y los patrimoniales.

Características del derecho penal:

El estado es quien tiene el Ius- puniendi.

1)    Es derecho público: El estado es quien ejerce el poder.

2)    Es sancionador: Coloca penas a la transgresión de la norma (los bienes jurídicos tutelados por el estado).

3)    Es cultural: Viene de años de cultura.

4)    Es autónomo: No necesita de más nada para sancionar. Es valorativo: Va a valorar las circunstancias de modo, tiempo y lugar para sancionar.

ORIGEN Y FUENTES:

Origen: Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

156 ordinales 32 (Punto de partida del basamento legal

  • 187 ordinal 1° (Atribuciones de la Asamblea Nacional)
  • 202 (Formación de las leyes)
  • 236 ordinal 8° (Atribuciones del Presidente de la Republica, dictar previa autorización por una ley habilitante decretos con rango de ley)
  • Por vía de excepción un órgano distinto al Poder Legislativo dicta leyes (TSJ)

FUENTES DEL DERECHO PENAL: La ley es la única fuente del Derecho Penal.

OTRAS FUENTES DEL DERECHO:

La costumbre: Es la conducta o repetición constante de actos con conciencia de su obligatoriedad.

La analogía: Solución de casos no previstos en la ley, recurriendo a una norma de la ley que regula casos semejantes.

La equidad: Adecuación de la norma legal a las circunstancias del caso particular.

La jurisprudencia: Es la doctrina sentada por los tribunales en repetidas y constantes pronunciamientos sobre determinado punto de Derecho. (Artículo 335 de la CRBV)

La doctrina: Opiniones de los tratadistas y estudiosos del Derecho. ( Continuarà)

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Dr. Jesús Betancourt.

El principio del Pensamiento Jurídico Positivista en Materia Penal

Investigación y análisis: Dr. Jesús Betancourt.

Aun cuando el principio del pensamiento jurídico filosófico de las teorías, acerca de la justificación del derecho penal, está en el positivismo jurídico, que ha tenido una larga duración en el pensamiento iusnaturalista de la época de la ilustración, entre la separación del derecho y la moral, que se desarrolló en el siglo XVII, y que alcanzó su madurez con los franceses e italianos y con las doctrinas expresamente iuspositivistas , es por lo que, esta separación se basa en la concepción formal o jurídica de la validez sustancial del derecho penal o extra jurídica de la justicia que constituye el rasgo distintivo del positivismo jurídico.

Es necesario, mencionar a los utilitaristas que postulan que el estado tiene ese derecho por el imperativo de la utilidad social.

Por otro lado, la escuela histórica encontrará ese fundamento en la ley. Los fundadores de la escuela positivista, afirmará que el derecho de castigarle deriva del Estado del concepto de la defensa social.

Cabanella (1979) define a la Defensa Social como “aquella que surgió en el siglo XIX, con amplio impulso renovador, en cuanto al fundamento y fin de la facultad punitiva del Estado, se inspira en el sentimiento social de condenación del delito, y con miras de aplacarlo”. La base doctrinal se encuentra en la Escuela Positiva italiana de Derecho Penal.

Sus finalidades consisten en preservar a la sociedad del peligro representado por el criminal, satisfacer al perjudicado, evitar la venganza y proteger la legítima libertad colectiva.

En este orden de ideas, la Justificación del derecho penal, está concebido en dos aspectos uno objetivo y uno subjetivo. en el sentido subjetivo, el derecho, es sinónimo de facultad o ejercicio del derecho y todos esos derechos forma el patrimonio donde en entran los derechos penales, así el individuo tiene derechos civiles políticos, pero también tiene derechos penales, ese patrimonio de derechos comprende los derechos penales, no lo ejercemos sólo en virtud de la cesión ficticia que de ellos hacemos a la persona jurídica del Estado, razón derivada del concepto mismo del derecho que es principio de orden o elemento orgánico de las sociedades.

El patrimonio jurídico de los derechos penales, para cederlos al Estado, quien ejerciéndolos, defiende la sociedad de los ataques nocivos del derecho que tiene el Estado para imponer castigos a los infractores de la ley, de allí, el poder que tiene el Estado para castigar, deriva del Ius Puniendi, el poder de castigar, es decir, la facultad del Estado para definir los delitos establecer sanciones y aplicarlas, poder que deriva de la sujeción política del individuo al Estado (Status subjetionis), por el cual considera a éste como sujeto del derecho de castigar, y al individuo, como sujeto de la pena, o de las medidas de seguridad.

Estas teorías fueron desarrolladas en Alemania por Binding, y elaborada en Italia por Rocco, que se funda en relaciones jurídicas entre el delincuente y el Estado (Mendoza, 1986).

La justificación del Estado, como la personificación jurídica de la sociedad, está en la ineludible obligación de defender al conjunto de ciudadanos que representa del ataque nocivo del hecho punible, es por ello que la acción defensiva se manifiesta mediante la sanción de reglas de carácter advertidos, previsivos y punitivo, que orienta el papel y la relación del Estado con el individuo que solo puede ser aceptada por quienes consideran al Estado como fuente única de derechos, que reconoce que el individuo posee derechos penales individuales, tales derechos no son de carácter privado sino de derecho público.

La Constitución Bolivariana de Venezuela, consagra un articulado que puntualiza los derechos fundamentales de la persona, donde estos derechos pasaron a formar parte de manera estrechamente relacionada con los principios fundamentales de nuestro sistema democrático, al incorporar el respeto irrestricto de los derechos humanos, como Principios fundamentales, de nuestra constitución de 1999, donde Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de derecho y de justicia que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político.

Es por ello, que a partir del Artículo 44, y siguientes de la Constitución. Se inicia Así: “El derecho a la vida es inviolable.” el derecho a la libertad personal, es inviolable, en consecuencia, ninguna persona puede ser arrestada o detenida sino en virtud de una orden judicial, a, menos que sea sorprendida infraganti. En este caso será llevada a la autoridad judicial, en un tiempo no mayor de cuarenta y ocho (48) horas a partir del momento de la detención se puntualiza de manera precisa, los derechos de carácter penal de toda persona humana dentro del territorio nacional.

Así mismo, el Código Orgánico Procesal Penal, establece en su Artículo 373, la Excepción a la detención, estableciendo para los delitos de flagrancia, la tramitación mediante el procedimiento abreviado, previsto en el artículo 272 del referido Código.

Es decir, la presentación para la comisión de esta clase de delitos flagrantes, se ha previsto que “el aprehensor dentro de las 12 horas siguientes a la detención, podrá al aprehendido a disposición del Ministerio Público, quien dentro de las (36) treinta y seis horas, siguientes lo presentará ante el juez de control a quien expondrá cómo se produjo la aprehensión y según sea el caso solicitará la aplicación del procedimiento ordinario, u abreviado y la imposición de una medida de coerción personal, o solicitará la libertad del aprehendido. En este último caso, sin perjuicio del ejercicio de las acciones a que hubiere lugar. El Juez de Control decidirá sobre la solicitud fiscal dentro de las cuarenta y ocho (48) horas, siguientes desde que sea puesto el aprehendido a su disposición”.

Es por ello, que el fundamento del derecho a castigar por parte del Estado, para el totalitarismo es la concepción llamada técnico jurídica, que no es otra cosa que un nuevo intento de superar la antigua y cansada discusión de sí el Estado tiene o no derecho de castigar, sea cual fuere el sistema político que se adopte la sanción por la trasgresión de los preceptos es una función del Estado, que la ejerce en virtud de su carácter regulador del orden jurídico. El derecho penal sólo se diferencia del resto de derecho en general por su finalidad que es la sanción es decir, la pena.

Por otro lado, el autor, Jiménez de Asúa (1980) señala “cómo se castigaba los delitos en el Antiguo Oriente, en la culta roma o en la sombría Edad Media hasta llegar a través de los Estados nacionales, al derecho vigente, donde la barbarie contra la persona humana era visto norma para estos tipos de gobierno”.

Así mismo, siguiendo las distintas posturas y autores que dejaron grandes aportes teóricos en el pensamiento jurídico penal, tenemos los consejos de Francesco Carrara, que señalaba “Que cuanto sea dicho se derive de un principio y tenga armónicas consecuencias, nos importa ver cómo nace la filosofía liberar y como se asienta en el derecho legislado, ya que esos principios han de influir en la interpretación de la dogmática, de los Códigos que pertenecen al liberalismo, y lo son casi todos los códigos vigentes”. Para Carrara, la “esencia está en el fundamento y límites del poder punitivo del Estado, que siguen candente su discusión, a más de cien años de su muerte, sobre todo, en el inicio del tercer milenio, donde es necesario, una trasformación del pensamiento jurídico penal, o retomar el análisis de las verdaderas instituciones y fundamentos teóricos y epistemológico del saber jurídico penal, que le dieron la esencia y el fundamento del derecho a castigar.

Se considera pertinente hacer un análisis de las escuelas del saber jurídico penal y sus principales aportes en el campo de las ciencias jurídicas penales. La escuela clásica, cuyo exponente máximo es Francesco Carrara, sustenta aspectos básicos de su obra por un lado el sistemático y por el otro, el político, haciendo más peso el que aspecto político.

Actualmente predomina en la teoría del delito el análisis de éste según los parámetros de la dogmática con su enfoque analítico y formal del delito. En el aspecto del perfil político de su pensamiento mostrando su proyección actual, la realidad la anatomía jurídica que hacía del delito, pulimentando hasta sus últimos detalles, y en tal sentido Betancur (1996) Señala que “El Miguel Ángel del Derecho Penal ha sido llamado, no era neutro en su sentido, sino que tenía una clara finalidad política”. En efecto, según Carrara se pretendió construir un sistema deducido de principios propuestos como apotegmas, acorde con las influencias racionalista de su pensamiento.

Carrara lideriza una línea del pensamiento demoliberal, con Cesar Beccaria se había iniciado una tendencia humanitaria en el derecho penal, como reacción y protesta contra los abusos del absolutismo. Varios siglos han pasado, y todavía se polariza severamente sobre los principios sobre los cuales se criticó, postuló y defendió Carrara, en todo su pensamiento donde privaba grandes preocupaciones como las siguientes:

Críticas de la pena de muerte y la tortura, que ambas postura sostienen, que no son medios efectivos de lucha contra la criminalidad; como efectivamente lo es, ya que a través de muchas investigaciones criminológicas se ha demostrado, que la pena de muerte, y los medios de tortura, son medios, que han sido abolidos, y desaparecido de nuestro ordenamiento jurídico, donde se postula la defensa de los derechos humanos, y la pena privativa de libertad, como única pena principal, al autor de delito.

La pena debe ser impuesta, a través del previo y debido proceso penal, el cual debe ser sometido, de acuerdo a lo establecido en el sistema acusatorio y mediante el procedimiento aplicable de conformidad con el Código Procesal Penal, que rige en Venezuela.

Actualmente, este sistema acusatorio está revestido de principios y garantías constitucionales y procésales que son descritos tanto en la Constitución Bolivariana de Venezuela y en el Código Orgánico Procesal Penal.

Por ello, las críticas a las penas arbitrarias y desproporcionadas, privando el principio de que la pena debe ser proporcionada a la perturbación del derecho, o del bien jurídico protegido, pero sin llegar a exageraciones, pues también hay límites impuestos por la justicia.

Y en ese sentido, compartimos la postura de Carrara cuando señala que la humanización de los procedimientos, la critica a los procedimientos dispendiosos y lentos, así como el traslado innecesario del procesado a tribunales lejanos de su normal entorno, la falta de su familia, los mayores costos de la defensa, las penurias del traslado.

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